Reglamento de prevención de riesgos laborales: derechos y obligaciones del trabajador

En el marco de los derechos son varios los motivos existentes que hacían necesaria la ley de prevención de riesgos laborales tanto compromisos con la carta magna española como exigencias de la unión europea, además de compromisos internacionales adquiridos, más la dispersión normativa y la antigüedad de la misma.

El origen de la ley de prevención de riesgos laborales

El compromiso constitucional está contenido en el art. 40.2. y habla sobre la necesidad del desarrollo de una política para proteger la salud de los. Los requisitos de la unión europea vienen del compromiso adquirido por España con su presencia en la UE y de adecuación de nuestra legislación en materia de protección y prevención de la salud laboral, a las disposiciones mínimas que, contenidas en las directivas, hablan sobre seguridad y salud en el trabajo como la directiva 89/391/CEE, Directiva Marco, en materia de seguridad y salud laboral. Compromisos internacionales adquiridos por España son la ratificación del convenio 155, por ejemplo, sobre la seguridad y la salud de los trabajadores y el medio ambiente de trabajo, contraído con la organización internacional del trabajo. La dispersión y antigüedad normativa era patente en una acumulación de normas de distintos rangos y orientación, nacidas de necesidades sociales y políticas, que dejaban entrever graves lagunas, dado el progreso y los avances tanto técnicos como organizativos.

Soluciones, derechos, deberes

Nace la ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, determinando garantías y responsabilidades para el establecimiento de un adecuado nivel de protección de la salud laboral frente a los riesgos que se deriven de las condiciones de trabajo. Configura el marco para articular normas con contenido específico o más técnicos, que garanticen la adopción de medidas preventivas. Fomenta la cultura preventiva, promociona y mejora de la educación en todos los niveles educativos. La sociedad debe involucrarse su conjunto y este es uno de los objetivos básicos y más transcendentes que persigue la ley. A partir del reconocimiento de los derechos de los trabajadores a su protección en salud y seguridad frente a los riesgos laborales, la Ley 31/1995 establece las obligaciones garantizadoras de derechos. Promueve la mejora de las condiciones de trabajo, aplica medidas y el desarrollo de las actividades preventiva necesarias. Advierte sobre la eliminación, la disminución de los riesgos, la información a
los trabajadores, la consulta, la participación, la formación en materia preventiva. Puntos básicos serán la prevención, la responsabilidad de los distintos agentes implicados, la participación que permite implicar a los trabajadores en el diseño preventivo. En resumen: regula el derecho del trabajador y su protección eficaz, puntualiza las obligaciones empresariales, los principios de acción preventiva, salvaguarda derechos y deberes de trabajadores y empresarios; incide en la evaluación y planificación preventiva, etc.