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¿Qué es el peritaje judicial y cómo puede ayudar a la empresa?

El artículo 335.1 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, establece que cuando sean necesarios conocimientos científicos, conocimientos artísticos, técnicos o prácticos, para valorar hechos o circunstancias en un procedimiento judicial, las partes podrán aportar dictámenes de peritos expertos en la materia o solicitar un perito designado por el tribunal.

¿Qué es un peritaje?

Un peritaje es un informe emitido por un experto que contesta a una o varias preguntas o da su opinión profesional sobre cuestiones planteadas por el Juez o por las partes. El dictamen pretende ayudar al juez en la emisión de la sentencia, que se apoya en conocimientos que previamente no tiene por qué poseer puesto que corresponden a otros campos del saber. Sirve también a la persona que no tiene los conocimientos técnicos necesarios y no puede responder por sí misma, o desea presentar, como una prueba judicial, el informe del perito judicial. El informe debe ser escrito pensando en su lector y exponiendo las conclusiones de forma razonada y comprensible para que sea entendido y trabajado por quienes no son expertos en la materia (abogados, juez, secretario, fiscal).

¿Quién puede encargar un peritaje?

Lo puede solicitar el juez como parte de algún proceso o ser solicitado por las partes en litigio, persona física o jurídica. En este caso se actúa mediante los peritos de oficio que actúan según turno de oficio, por insaculación, siguiendo las listas del Decanato. A través del peritaje, por ejemplo se puede ver, si a alguien que lo solicita, le puede interesar o no ir a juicio por una determinada cuestión. En caso de peritajes judiciales, desde el decanato y colegios profesionales se envía una lista de peritos a los juzgados a principios de año. El colegio profesional facilita la lista a los juzgados una vez al año. En peritajes privados, la entidad correspondiente puede solicitar el perito al Colegio profesional o llamarlo a título privado como profesional independiente. Aún realizándolo por su cuenta el peritaje, el perito puede solicitar que el colegio vise el peritaje, éste velará por la imagen profesional y rechazará toda intromisión e intrusismo profesional. Cuando el perito sea designado por los Tribunales es requisito indispensable ser colegiado e identificarse en el informe pericial con el número de colegiado. Existen varias causas por las que se puede renunciar a un peritaje según la Ley, cuando guarde relación de parentesco, amistad íntima, manifiesta enemistad, si ostenta la condición de ser un empleado del encausado, si tiene interés particular en el caso.
Si el peritaje no corresponde al perfil del perito o no tiene la titulación requerida, el perito puede recusarse. La ley contempla lo que son las tachas de los peritos, las causas de impugnación del informe. Según el artículo 343, sólo los peritos designados judicialmente podrán ser recusados. Pero los no recusables podrán ser “tachados”, si son cónyuge o pariente hasta el cuarto grado civil de partes, abogados o procuradores; si tiene interés directo/indirecto, tiene o tuvo dependencia o de comunidad con las mismas figuras antes citadas; o tiene amistad íntima o enemistad.

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