¿Qué es el derecho administrativo sancionador?

El derecho administrativo sancionador es un procedimiento para resolver multas y sanciones gubernativas que utilizan las administraciones públicas para ejercer potestad sancionadora. En España está regulado por el Real Decreto 1398/1993.

Fases del procedimiento sancionador

Fases del procedimiento sancionador El procedimiento está compuesto por dos fases: la instructora y la sancionadora. En la primera fase la administración proporciona a la persona interesada la posibilidad de presentar pruebas que considere convenientes para su defensa mientras que en la fase sancionadora el órgano competente dicta la resolución sancionando al imputado del caso o sobreseyendo y archivando el expediente del caso. El imputado tiene derecho a ser notificado de los hechos que se le imputan así como de las infracciones y sanciones a las que se enfrenta así como la identidad del instructor y autoridad competente.

Principios del derecho administrativo sancionador

El derecho administrativo sancionador se rige por una serie de principios. Algunos de ellos son: - Principio de legalidad La potestad sancionadora de las administraciones públicas, reconocida por la constitución, ejercicio de la potestad sancionadora corresponderá a los órganos que la tengan atribuida por disposición de rango legal o reglamentario, consagrándose el derecho de los ciudadanos a no ser sancionado sino por autoridad competente. - Principio de tipicidad Se refiere a que la Administración debe establecer y comunicar de manera previa a la conducta a sancionar aquellas infracciones en las que pueda el sujeto incurrir así como las sanciones que podrían ser aplicadas en el caso de ser sancionable. - Principio de proporcionalidad Las sanciones que se impongan en ningún momento deberán privar al sujeto de su libertad. Se deben seguir unos criterios específicos para establecer una graduación a la sanción donde se tiene en cuenta: la existencia de intencionalidad o reiteración, la naturaleza de los perjuicios causados y la reincidencia. - Principio de non bis in idem Mediante este principio queda prohibida la posibilidad de condenar en más de una ocasión a un sujeto por un mismo hecho. - Principio de presunción de inocencia Como en cualquier procedimiento judicial la persona imputada goza de la presunción de inocencia y es la administración quién se encarga de comprobar si existe alguna infracción imputable. La prescripción de las infracciones No obstante, estos procedimientos tienen una caducidad y la administración debe de dictar una resolución para que el expediente no caduque y no haya posibilidad alguna de dar una resolución sancionadora. Los plazos para que una sanción prescriba son los siguientes: Para las infracciones: muy graves 3 años, graves 2 años y leves 6 meses.
Para las sanciones muy graves 3 años, graves 2 años y leves 1 año. El plazo de prescripción de las infracciones comienza contar desde el día en el que la infracción se hubiera cometido y la iniciación del procedimiento sancionador, volviéndose a reanudar el plazo si el expediente estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al presunto infractor.